Los inconvenientes de sincronizar Facebook Messenger e Instagram

Aunque se probó en 2017 y no salió adelante, parece que finalmente Facebook ha aprobado la opción de sincronizar elchat Messenger con los contactos de Instagram. Así es como la aplicación, que nació para ganar privacidad en la red social Facebook, también prestará su «servicio» a su hermana centrada en fotografía.

Para sincronizar ambas cuentas, se debe tener instaladas ambas aplicaciones en el «smartphone» con cuentas activas. Una vez que se cumplen estos dos requisitos, hay que dirigirse a Messenger. En la pestaña «personas» ahora aparece la opción «Conectar a Instagram». Una vez que se da a aceptar, se indica que «las personas que pueden verte en Messenger (que son contactos de Facebook) podrán ver tu nombre de usuario y cuenta en Instagram». Si estás de acuerdo, todos tus contactos se sincronizarán de forma automática.

Precisamente por aquí van algunas de las críticas de los usuarios. De momento, esta opción no permite seleccionar a unos contactos y dejar a otros fuera, sino que todos irán a parar a tu Messenger sin posibilidad de hacer una «criba» previa. Así que queda en tus manos si permites que ambas cuentas compartan esta información.

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Fallo de ciberseguridad y escándalo en Movistar.

La noticia corría como la pólvora desde el domingo por la tarde. Facua alertaba en un enigmático tuit sobre un «agujero de seguridad» en la web de «una de las principales empresas del IBEX 35». Pocas horas después, se desvelaba que Movistar era la firma culpable de un error de programación por la que cualquiera con acceso a la plataforma de la compañía de telecomunicaciones española podía acceder de forma aleatoria a facturas de otros clientes (en las que rezan nombres completos, domicilios, direcciones de correo electrónico, números de teléfono fijo y móvil y fecha y duración de llamadas) solo con cambiar un simple parámetro. Bastaba con convertir, por ejemplo, un 7 en un 8 dentro de un enlace para poder descargar la factura de otra persona, sin necesidad de utilizar complicados programas o tener amplios conocimientos de informática.

Después de dejar la «bomba» en el aire, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, se esperó hasta las once de la mañana de ayer para señalar públicamente a Movistar como responsable de lo que calificó como «la mayor brecha de seguridad en la historia de las telecomunicaciones en España». La compañía asegura a este diario que tuvo constancia de que se trataba de su plataforma en la madrugada del domingo, momento en el que se llevaron a cabo «todo tipo de comprobaciones».

«La vulnerabilidad ha quedado resuelta»

«Tras confirmarse por la noche que el asunto afectaba a Movistar, se detectó una vulnerabilidad que permitía acceder a través de una web de la compañía a datos de la factura de clientes aleatorios. Se tomaron inmediatamente las medidas correspondientes y, esta pasada madrugada, la vulnerabilidad ya quedó resuelta», insisten desde la teleoperadora española, que ahonda en el mensaje de calma para sus usuarios y que en estos momentos se encuentra buscando a los posibles afectados de entre los millones de clientes españoles. «Telefónica, tras un exhaustivo análisis realizado en las últimas horas, ha constatado hasta el momento que el número de clientes cuyos datos han sido accedidos por terceros es inferior a un centenar», explican fuentes de la compañía a ABC, que también indican que no se ha observado «ningún uso fraudulento» en relación con esta vulnerabilidad. «La compañía contactará individualmente con cada uno de ellos para informarles de lo sucedido», agregan. Desde Facua, además aseguran que Movistar les informó que la vulnerabilidad permitía acceder a facturas desde agosto de 2017.

«Ahora se trata de verificar sus registros para saber quiénes se han descargado facturas que no son suyas y, seguramente, también de la persona que alertó a Facua», explica a este periódico Lorenzo Martínez, experto en ciberseguridad y fundador de Securízame. El hecho de que para explotar esta vulnerabilidad fuera necesario autentificarse con nombre y claves propias hace más «sencilla» la tarea, que se está llevando a cabo de forma rápida pero también concienzuda, según afirman desde Movistar.

Qué ha podido ocurrir

Algunos expertos apuntan a que el fallo informático, que sorprende por su sencillez y por su accesibilidad para casi cualquier persona, es debido a que el sistema habría sido alterado por la introducción de una novedad o mejora y habría creado este nuevo fallo o, incluso habría vuelto a reaparecer a pesar de que se hubiera subsanado en su momento. «Es un error que se vería en cualquier auditoría y este tipo de empresas hacen muchas a lo largo del tiempo, así que me cuesta creer que no se haya detectado», explica el CEO de Securízame, que critica las «formas» con las que Facua ha avisado a la multinacional y, después, ha hecho público el asunto. «Normalmente se avisa a la compañía del fallo y, pasado tiempo prudencial y si no se han tomado medidas, se piensa en publicar».

Martínez señala como caso paralelo el ocurrido el pasado año con el portal del Ministerio de Justicia, LexNet, que utilizaban abogados y procuradores de toda España y quienes pudieron acceder durante meses a cualquier sentencia, modificarla e incluso eliminarla. «Tanto en LexNet como en Movistar el problema es que al descargar cualquier documento no se comprobaba que se trataba de la misma persona que se había registrado, por lo que se podía acceder a cualquier documento que estuviera subido a sus respectivas plataformas».

La AEPD abre una investigación

A la vez que la compañía de telecomunicaciones continúa con su investigación, ABC ha podido saber que la Agencia Española de Protección de Datos se encuentra estudiando qué es lo que ha podido ocurrir al respecto tras la denuncia de Facua. Al mismo tiempo, Movistar también ha informado del caso al organismo público, dentro de las 72 horas después de conocer el suceso, tal y como se estipula en el nuevo Reglamento de Protección de Datos, que entró en vigor el pasado 25 de mayo.

El papel ahora de la AEPD es determinar si la compañía telefónica ha hecho todo lo que estaba en su mano para que no se produjese este fallo de seguridad y, de no ser así, imponer multas que pueden llegar hasta el 4% del volumen de facturación anual con un tope de 20 millones de euros.

Se inaugura en la India la fábrica de móviles más grande del mundo.

La compañía surcoreana Samsung inauguró en el norte de la India la bautizada como «la fábrica de móviles más grande del mundo», donde producirá 120 millones de unidades al año en un proceso de expansión que completará en 2020.

El acto inaugural en la ciudad de Noida, limítrofe con Nueva Delhi, estuvo encabezado por el primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente surcoreano, Moon Jae-in, que se encuentra de visita oficial, y el director ejecutivo de Samsung India, HC Hong. «Nuestra fábrica de Noida, la fábrica de móviles más grande del mundo, es un símbolo del fuerte compromiso de Samsung con la India, y un brillante ejemplo del éxito del programa del Gobierno ‘Fabrica en la India’», afirmó Hong, según un comunicado de la compañía.

El directivo de Samsung destacó además que esperan ir un paso por delante del programa «Fabrica en la India» destinado a fomentar la producción local, y que con el aumento de la capacidad de la planta en Noida podrán fabricar móviles «para el mundo». La compañía surcoreana, que inició la producción de teléfonos móviles en la India en 2007, espera dar el salto en dos años de las 68 millones de unidades que fabrica en la actualidad en Noida, hasta las 120 millones de unidades en 2020 tras ampliar la planta de producción hasta los 129.000 metros cuatros.

En su intervención, Modi destacó la inversión de 50.000 millones de rupias (unos 730 millones de dólares) en la ampliación de la planta de producción de Samsung en Noida, algo que ayudará a la India a seguir avanzando en su objetivo de convertirse en un «centro mundial de producción», según un comunicado del Gobierno indio.

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El por qué de la multa de la Unión Europea a Google

La comisaria de competencia, Margrethe Vestager, ha anunciado el acuerdo de la Comisión Europea para imponer una multa de 4.340 millones de euros a Alphabet, la compañía matriz del gigante Google, por vulnerar las normas antimonopolio de la UE. Bruselas le reprocha un «grave comportamiento ilegal» por haber impuesto restricciones a los fabricantes de dispositivos Android y a los operadores de redes móviles para consolidar su posición dominante en los servicios de búsqueda en internet. Por ello le ha impuesto la multa más alta decretada hasta ahora en la historia de la UE.

A través de un comunicado, Google ha anunciado que recurrirá la decisión de la Comisión ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo, porque, como es natural, no comparte el criterio en el que se basa la sanción. «Android ha creado más opciones para todo el mundo, no menos. Un ecosistema pujante, rápidas innovaciones y precios más bajos son distintivos clásicos de una fuerte competencia. Recurriremos la sentencia de la Comisión». Sundar Pichai, CEO de Google, publicó poco después un comentario en el que añade como argumento que «la decisión [de sancionar a su compañía] ignora el hecho que los móviles Android compiten con los teléfonos con iOS» de Apple y no son un monopolio. «Nos preocupa que la decisión va a alterar el cuidadoso equilibrio que habíamos alcanzado con Android, y envía una señal inquietante en favor de los sistemas patentados sobre las plataformas abiertas».

Al anunciar su decisión, la comisaria danesa no ha aclarado si para el objetivo de mejorar la competición en el sector sería mejor finalmente promover la división forzosa del gigante informático, ni ha dado indicaciones de lo que ha de hacer exactamente la compañía para cumplir con la legalidad, aparte de eliminar las restricciones legales que ha impuesto a los fabricantes de teléfonos móviles. El objetivo de la Comisión, según Vestager es defender su obligación legal como encargada de las reglas de competencia es la de hacer que los consumidores tengan la máxica capacidad de elección, los mejores precios e impedir que se cree una situación en la que el dominio de una compañía frene la innovación tecnológica. La decisión de la Comisión da a Google un plazo de 90 días para poner fin a las prácticas ilegales o de lo contrario podría volver a ser multado con hasta el 5 % del volumen de negocios mundial medio diario.

Tres tipos de restricciones

Según Vestager, «el asunto que nos ocupa se refiere a tres tipos de restricciones que ha impuesto Google a los fabricantes de dispositivos Android y a los operadores de redes para asegurarse de que el tráfico en los dispositivos Android se dirige al motor de búsqueda Google. De esta forma, Google ha utilizado Android como vehículo para consolidar el dominio de su motor de búsqueda. Estas prácticas han privado a sus competidores de la posibilidad de innovar y competir en función de sus méritos. Han impedido a los consumidores europeos beneficiarse de una competencia efectiva en un ámbito tan importante como el móvil. Esto es ilegal con arreglo a las normas de defensa de la competencia de la UE.».

El argumentario de la Comisión incluye el hecho de que Google ha obligado a los fabricantes de teléfonos móviles a preinstalar la aplicación Google Search y el navegador Chrome como condición para conceder la licencia para acceder a su tienda de aplicaciones, Play Store. También le reprocha que haya realizado pagos a determinados grandes fabricantes y operadores de redes móviles a condición de que preinstalaran exclusivamente la aplicación Google Search en sus dispositivos. También ha impedido a los fabricantes que deseaban preinstalar aplicaciones de Google vender teléfonos que utilicen otras versiones alternativas de Android no aprobadas por el gigante informático.

La decisión de imponer esta multa a Google se produce pocas horas después de que se haya anunciado que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, viajará a Washington el próximo 25 este mes para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Como se recordará, Trum calificó a la UE como «enemiga» de Estados Unidos en términos comerciales.

Es poco probable que una decisión de este tipo pase inadvertida en este momento de tensiones. La comisaria se ha limitado a decir que comparte los mismos valores con las agencias antimonopolios de Estados Unidos, a pesar de que estos no han llevado a cabo ninguna investigación contra Google y en Europa esta no es ni siquiera la primera y no es la única, ya que hay otra investigación en marcha sobre el motor de búsqueda.

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Las impresoras 3D, en el punto de mira de Europa

La impresión 3D ha sido una de las tecnologías más disruptivas de los últimos años. Un concepto de producción que se ha trasladado a nivel industrial. Una innovación que ha empezado a moldear muchos sectores que la encuentran atractiva como herramianeta para reducir costes. Su impacto es notable y se ha experiemntado en numerosos escenarios que van desde la construcción, el diseño comercial de todo tipo de productos hasta el mundo médico. Todo un entramado de posibilidades que Europa ha empezado a mirar con recelo por la posible infracción en el derecho de propiedad intelectual en la industria en su conjunto.

Una familia en Francia, por ejemplo, ha empezado a vivir en una casa construida en 3D. En un entorno controlado como laboratorios se ensaya cómo se puede emplear para desarrollar órganos con capacidades funcionales, incluso hay quien le ha encontrado un encaje en la gastronomía. En numerosas empresas de todo tipo se ha introducido para lograr piezas de manera más rápida y sostenible. Incluso en el tradicional negocio de la fabricación de calzado se utiliza para el diseño del patronaje. Pero lo que ha empezado a preocupar es por sus posibles implicaciones en las copias industriales.

Ante el temor de un aumento de copias ilegales de productos comerciales, la Unión Europea ha aprobado recientemente una resolución que pretende regular la propiedad intelectual en el áqmbito de la impresión 3D. La propuesta pone de relieve que se ha hecho «accesible al gran público» este tipo de impresoras 3D «destinadas a los particulares» que encuentran a su alcance modelos digitales de todo tipo de productos para su fabricación casera.

Posibles riesgos pero sin un alcance masivo

Por esta razón, «regular el uso de las impresoras 3D ayudará a aumentar el uso de tecnologías y ofrecerá oportunidades de investigación y desarrollo». Un hecho palpable, aunque la UE deja clara su postura: «la democratización de la impresión 3D no parece, hasta la fecha, provocar problemas graves de violación de los derechos de autor». Aunque sí admite un «riesgo de falsificación» que recae principalmente en las obras de artes plásticas.Ventajas competitivas y ahorro de costes.

Europa, con ello, valora la posibilidad de instaurar bases de datos de archivos cifrados y protegidos o registros con el diseño de impresoras conectadas y equipadas con un sistema capaz de gestionar los derechos de propiedad intelectual. También ha instado la cooperación entre los fabricantes y las plataformas para poner a disposición de los profesionales y los consumidores archivos fiables cuya aplicación «no afecte en términos de coste a las actividades ya desarrolladas por los actores del mercado».

Ventajas competitivas

La impresión 3D, por los procedimientos de que se sirve, conlleva lo que el sector ha descrito como una suerte de «desmembramiento del acto de creación», en la medida en que la obra «puede circular en estado digital antes de tener forma física, lo que facilita su copia y complica la lucha contra la falsificación», aduce Europa. «Son numerosas para las compañías de innovación. que, en particular, la impresión 3D les permite reducir sus costes generales cuando se desarrollan, diseñan y prueban nuevos productos o se mejoran los existentes», aducen desde la UE como una de las potencialidades ventajas de esta tecnología.

Pero, sin embargo, argumenta que esta tecnología «debería tener un efecto positivo en la creación de un mayor número de nuevos empleos cualificados, menos exigentes y menos peligrosos en algunos casos», lo que, con la creación de nuevos puestos técnicos, «daría origen a nuevas responsabilidades y requeriría que el sector de la impresión 3D ofreciese la «formación adecuada» con el fin de que los técnicos alcancen el mismo nivel que sus homólogos del sector manufacturero tradicional.

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