En la era de la privacidad, cualquier movimiento enfocado a recopilar datos personales suscita una gran inquietud entre los ciudadanos. El seguimiento y vigilancia de las personas preocupa, y buena parte de la culpa lo tiene la falta de claridad de las empresas a la hora de explicar cómo manejan la información que recopilan. Precisamente, ese es el problema que han encontrado juristas y expertos ante la noticia, avanzada por «El País», de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) va a poder rastrear los móviles de todos los españoles durante ocho días, del 18 al 21 de noviembre; el 24 de noviembre; el 25 de diciembre; y el 20 de julio y 15 de agosto. El organismo afirma que ha acordado la cesión de los datos anónimos de los usuarios, de forma que no se expresa a quién pertenecen en concreto, con las tres principales operadoras nacionales (Movistar, Orange y Vodafone) a cambio de un contrato de 498.000 euros, según ha podido saber ABC.

El objetivo es realizar un estudio acerca de los hábitos que tiene la sociedad a la hora de desplazarse. El seguimiento se hará sin obtener el consentimiento expreso de ningún ciudadano. El INE no ha aclarado el procedimiento que se va a seguir para que los datos no se puedan volver asociar con el usuario al que pertenecen. Esta es solo una de las dudas que plantean los expertos consultados por ABC.

Falta de claridad

Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, se muestra muy preocupada por esta iniciativa. «Si los datos no están bien anonimizados» y «si existe la más mínima posibilidad de asociarlos con los usuarios» la responsabilidad «es tremenda» para el INE. «El grave problema de todo esto es que no sabemos lo que van a hacer con los datos asociados», añade.

Para llevar a cabo este estudio, se dividirá el territorio nacional en 3.200 celdas, cada una compuesta por 5.000 residentes. Las operadoras proporcionarán al organismo información sobre el lugar en el que se encuentra cada teléfono en varios momentos del día. Esto se hará, según el Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo a la ley. Pero si los internautas tienen dudas, juristas consultados por ABC también muestran reticencias al respecto. Les preocupa, especialmente que la recogida de los datos además de realizarse con fines documentales, tenga también un destino comercial.

«Tengo dudas acerca de cómo se va a proceder a la anonimización de los datos para que no puedan ser reasociados con los usuarios a los que pertenecen, porque en ningún momento se ha explicado. En caso de que el procedimiento sea correcto, como se espera, me gustaría también saber cuál es la base legal para ello», explica a este periódico el abogado Sergio De Juan-Creix. El jurista lamenta, a su vez, la falta de claridad por parte del INE a la hora de informar sobre el objetivo de la iniciativa: «No se ha informado como se debe, y al final uno duda sobre si esto tiene como finalidad un bien común o comercial».

Comercializar los datos

Y es que el hecho de que el instituto haya pagado casi 500.00 euros a las operadoras hace levantar sospechas sobre que se esté comerciando con los datos. «La iniciativa tiene claramente una finalidad comercial. El INE ha pagado dinero a las operadoras por el tratamiento de la información. Una cantidad que no creo que cubra los costes de la operación. Me parece mucho dinero. Parece que se está negociando con los datos de los usuarios», expresa el abogado David Maeztu.

El jurista especializado en protección de datos, Borja Adsuara, se muestra más confiado: «Mientras la recopilación de los datos sea para fines estadísiticos y no comerciales no pasaría nada. Lo que sí ha faltado es más transparencia por parte del INE. Que se hubiese explicado bien cómo se van a utilizar los datos y cuál es el procedimiento que se va a seguir para garantizar que los información disasociada no lleve al usuario» .

 

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