La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF) ha multado con 25 millones de euros a Apple por considerar que «ralentiza» deliberadamente sus teléfonos inteligentes iPhones al entender que el gigante de la tecnología «no advirtió a los consumidores» de esta posibilidad.

La sanción ( PDF, en francés), presentada el pasado viernes, se produce después de una serie de denuncias previas en donde se reclamaba que sus dispositivos móviles empezaban a fallar al cabo de un tiempo. En 2017 Apple confirmó que ralentizó algunos iPhones, pero dijo que solo lo hizo para «prolongar la vida útil» de los dispositivos. Una decisión que derivó en nuevas funcionalidades de software para informar al usuario del estado de salud de sus baterías.

El informe especifica que los técnicos han podido demostrar que los propietarios de iPhones no fueron informados de que las actualizaciones del sistema operativo iOS (10.2.1 y 11.2, lanzadas en 2018) «probablemente conduciría a un funcionamiento más lento de su dispositivo». Según la denuncia, varios consumidores presentaron una queja en la que se recogían sus sospechas de que «durante mucho tiempo» Apple desaceleró sus terminales más antiguos para «alentar a las personas a actualizarse» cuando se lanzaba un nuevo producto.

Como parte del acuerdo, el gigante de la tecnología debe mostrar un aviso en su sitio web en francés durante un mes al entender que «cometió el delito de práctica comercial engañosa por omisión». Para contrarrestarlo, la firma estadounidense incorporó un apartado en donde se informa al consumidor de la calidad de las baterías, fabricada a partir de iones de litio. Esta configuración solo se habilita cuando la batería comienza a degradarse y, desde entonces, el software ofrece información más clara sobre cuándo se ha activado la gestión del rendimiento.

«Me parece una multa muy elevada si no se ha probado que actuase de mala fe, para que los usuarios comparan una nueva versión del iPhone, sino sólo se sanciona una falta de información al usuario», apunta en declaraciones a este diario Borja Adsuara, experto en derecho digital. «Pero al mismo tiempo, la noticia habla de práctica comercial engañosa por omisión, y para engañar hay que tener intención de hacerlo», añade.

«No me parece el caso más flagrante de obsolescencia programada en el sector tecnológico y creo que habría que perseguir y prohibir estas prácticas, que son muy negativas no solo para los consumidores sino para el medio ambiente», sostiene este experto, al tiempo que añade que «el modelo de consumismo de “usar y tirar” en el sector electrónico, con cada vez menor plazo de sustitución, es insostenible».

 

1422248769-kyRE--620x349@abc