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El Gobierno puede a partir de ahora cerrar tu web si afecta al orden público

Intervenir internet por orden público. Combatir el desafío secesionista en Cataluña. Acelerar los tiempos pero sin petición judicial. Desde este miércoles entra en vigor un Real Decreto aprobado por el Gobierno socialista en que acuerda la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales. Una especie de aplicación del artículo 155 pero en el mundo virtual.

El «decretazo digital», publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), técnicamente el Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre ( PDF), adopta «medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones». El decreto modifica varias leyes, entre ellas la General de Telecomunicaciones de 2014, aunque falta tramitarlo como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.

Se trata de una decisión unilateral aunque con «carácter excepcional y transitorio», que ha desembocado en un torrente de críticas por parte de asociaciones de defensa de internet Los escenarios que contemplan para cerrar, entre otras cosas, páginas web sin petición judicial, son varios, como la posibilidad de que afecten al orden público y la seguridad nacional. Se adopta con carácter de urgencia. Sin orden judicial, bajo este nuevo criterio se podría cerrar la web de Tsunàmic Democrátic, web detrás de la organización de las protestas recientes en Cataluña.

El texto pone de relieve los acontecimientos acaecidos en Cataluña a costa de las violentas protestas de grupos de independentistas radicales. «Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación. Tales hechos demandan una respuesta inmediata para evitar que se reproduzcan sucesos de esta índole estableciendo un marco preventivo a tal fin, cuyo objetivo último sea proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos», recoge el texto.

Con el nuevo texto, el Gobierno añade un nuevo apartado en el que se asume una « gestión directa» o «de intervención» en los supuestos que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y nacional. Esta herramienta se puede invocar a iniciativa del Gobierno o a instancias de una administración pública competente; en este último caso será preciso que esta administración, por ejemplo, tenga competencias en materia de seguridad.

«Hay otros mecanismos jurídicos que no pasan necesariamente por esta medida»

Expertos en derecho digital han criticado la medida. «Hay otros mecanismos jurídicos que no pasan necesariamente por esta medida», explica a ABC David Maeztu, experto en esta materia, quien considera que «a priori es innecesario», aunque «estamos en una deriva en donde se esta dando más poder al Ejecutivo» para intervenir en las comunicaciones digitales. «No son descabelladas las dudas sobre la constitucionalidad del precepto. En caso de duda hay que ser garantista de los derechos fundamentales, y no cuesta nada ir al juez, quien decide una de las medidas cautelares», añade por su parte Borja Adsuara, experto en derecho digital y exdirector general de Red.es.

«El tema mas polémico es que, aunque se hace una distinción entre comunicaciones electrónicas y páginas webs, si se está pensando en el Tsunamic Democràtic tengo dudas que eso se pueda hacer por un gobierno sin recurrir a los tribunales», añade. «Cuando se habla de redes no se habla de contenidos como aplicaciones o páginas webs sino de la infraestructura de telecomunicaciones», apunta este experto en relación al proyecto del Gobierno catalán de crear una «República Digital Independiente».

Por su parte, Samuel Parra, jurista experto en derecho digital, recuerda en conversación telefónica con este diario que en caso de que se pretenda regular materias que afecten a los derechos fundamentales de los ciudadanos, aglo recogido en la Constitución, debe hacerse a través de una Ley Orgánica, que requiere de las dos terceras partes de la Cámara. A su juicio, «no se ha respetado la reserva de ley orgánica, es decir, la legalidad». Algo que considera que «es muy peligroso porque en cualquier sociedad democrática y libre el Gobierno no puede adoptar decisiones unilaterales que afecten a los derechos civiles de los ciudadanos», añade.

El Real Decreto-ley recoge también el proceso sancionador, que podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Economía y Empresa, mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos: la amenaza inmediata y grave para el orden público, seguridad pública o nacional o cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud pública. Más crítica se muestra, en cambio, Ofelia Tejerina, presidenta de la asocicación Internautas, quien califica este decreto de «genérico» y «una barbaridad». A su juicio, es una «burrada» desde el punto de vista técnico-jurídico al ser «incompatible» con la Constitución.

Este «decretazo digital» contempla, además, otro apartado que pretende reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones, mientras que en lo relativo a las medidas en materia de identificación electrónica y ubicación de determinadas bases de datos, se establece, por ley y de mandera obligatoria, dónde deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. «Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la UE», recoge el texto.

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El INE pagará medio millón a las operadores por rastrear el móvil de los españoles

En la era de la privacidad, cualquier movimiento enfocado a recopilar datos personales suscita una gran inquietud entre los ciudadanos. El seguimiento y vigilancia de las personas preocupa, y buena parte de la culpa lo tiene la falta de claridad de las empresas a la hora de explicar cómo manejan la información que recopilan. Precisamente, ese es el problema que han encontrado juristas y expertos ante la noticia, avanzada por «El País», de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) va a poder rastrear los móviles de todos los españoles durante ocho días, del 18 al 21 de noviembre; el 24 de noviembre; el 25 de diciembre; y el 20 de julio y 15 de agosto. El organismo afirma que ha acordado la cesión de los datos anónimos de los usuarios, de forma que no se expresa a quién pertenecen en concreto, con las tres principales operadoras nacionales (Movistar, Orange y Vodafone) a cambio de un contrato de 498.000 euros, según ha podido saber ABC.

El objetivo es realizar un estudio acerca de los hábitos que tiene la sociedad a la hora de desplazarse. El seguimiento se hará sin obtener el consentimiento expreso de ningún ciudadano. El INE no ha aclarado el procedimiento que se va a seguir para que los datos no se puedan volver asociar con el usuario al que pertenecen. Esta es solo una de las dudas que plantean los expertos consultados por ABC.

Falta de claridad

Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, se muestra muy preocupada por esta iniciativa. «Si los datos no están bien anonimizados» y «si existe la más mínima posibilidad de asociarlos con los usuarios» la responsabilidad «es tremenda» para el INE. «El grave problema de todo esto es que no sabemos lo que van a hacer con los datos asociados», añade.

Para llevar a cabo este estudio, se dividirá el territorio nacional en 3.200 celdas, cada una compuesta por 5.000 residentes. Las operadoras proporcionarán al organismo información sobre el lugar en el que se encuentra cada teléfono en varios momentos del día. Esto se hará, según el Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo a la ley. Pero si los internautas tienen dudas, juristas consultados por ABC también muestran reticencias al respecto. Les preocupa, especialmente que la recogida de los datos además de realizarse con fines documentales, tenga también un destino comercial.

«Tengo dudas acerca de cómo se va a proceder a la anonimización de los datos para que no puedan ser reasociados con los usuarios a los que pertenecen, porque en ningún momento se ha explicado. En caso de que el procedimiento sea correcto, como se espera, me gustaría también saber cuál es la base legal para ello», explica a este periódico el abogado Sergio De Juan-Creix. El jurista lamenta, a su vez, la falta de claridad por parte del INE a la hora de informar sobre el objetivo de la iniciativa: «No se ha informado como se debe, y al final uno duda sobre si esto tiene como finalidad un bien común o comercial».

Comercializar los datos

Y es que el hecho de que el instituto haya pagado casi 500.00 euros a las operadoras hace levantar sospechas sobre que se esté comerciando con los datos. «La iniciativa tiene claramente una finalidad comercial. El INE ha pagado dinero a las operadoras por el tratamiento de la información. Una cantidad que no creo que cubra los costes de la operación. Me parece mucho dinero. Parece que se está negociando con los datos de los usuarios», expresa el abogado David Maeztu.

El jurista especializado en protección de datos, Borja Adsuara, se muestra más confiado: «Mientras la recopilación de los datos sea para fines estadísiticos y no comerciales no pasaría nada. Lo que sí ha faltado es más transparencia por parte del INE. Que se hubiese explicado bien cómo se van a utilizar los datos y cuál es el procedimiento que se va a seguir para garantizar que los información disasociada no lleve al usuario» .

 

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El anonimato podría ser ya un concepto del pasado

Da igual lo que haga. No importa si borra todas sus cuentas, sus redes sociales y sus apps. Si deja guardado su flamante smartphone en la mesilla de noche y lo sustituye por ese viejo móvil que lleva más de quince años echando polvo encima de una estantería. Si llega a la conclusión de que su información vale más que cualquier comodidad que ofrezca un dispositivo inteligente. No importa. Porque, cuando compra un coche, contrata un póliza de seguros o firma una petición en internet, está entregando sus datos. Y siempre se le podrá rastrear.

Así lo ha demostrado un equipo de investigadores de la Universidad Católica de Lovaina y de la Imperial College London, que afirma que, aunque de que los datos de un usuario estén anonimizados (incompletos), no resulta difícil dar con la persona a la que pertenecen. Los especialistas sostienen en un estudio publicado en « Nature», que han conseguido estimar la probabilidad de encontrar a alguien que aparezca en una base de datos anonimizada. Para ello, han desarrollado un algoritmo.

«Si bien puede haber muchas personas de treinta años, hombres y que viven en la ciudad de Nueva York, muchos menos nacieron el 5 de enero, conducen un deportivo rojo y viven con dos niñas y un perro », afirma el autor principal del estudio, el doctor Luc Rocher de la Universidad de Lovaina, sobre lo sencillo que puede resultar localizar a una persona si se sabe seguir el rastro de sus datos. De este modo, en el estudio figura como, empleando exclusivamente 15 variables demográficas, el algoritmo sería capaz de identificar al 99,98% de los habitantes del estados de Massachusetts .

El mejor dato, el que no se da

Estos resultados ponen en relieve que la anonimización no garantiza la seguridad de los datos de una persona. Pero esta no es la primera vez que su utilidad se pone en tela de juicio. Paloma Llaneza, abogada digital y autora de « Datanomics» (Deusto), dice a ABC que «la anonimización está considerada como una de las grandes medidas a la hora de trabajar con datos personales. El problema es que ahora es posible hacer cálculos que no se consideraban posibles hace algún tiempo. El estudio demuestra algo que ya nos temíamos».

La letrada afirma, a su vez, que es difícil encontrar una solución a un problema tan complejo como el que se muestra en el estudio. Explica que «el mejor dato es el dato que no se da», aunque reconoce que hay algunos que son muy difíciles de ocultar, por lo que se debe empezar a valorar cuáles son imprescindibles y cuáles no. Aunque, a pesar de ello, en la protección de la información, como en cualquier cosa en la vida, no existe la seguridad plena.

Siempre existe la posibilidad de que alguien pueda acceder a tus datos, por ejemplo, mediante el uso de un malware (virus informático). «Nunca estás completamente a salvo. Si un hacker puede entrar en la NSA y en los smartphone de las famosas para robarles sus fotos, también es posible que llegue a personas mediante el uso de datos anonimizados. Se trata, evidentemente, de un delito, que pueden ser dos en caso de que se exponga la información y se comercie con ella», explica a este diario el jurista digital Borja Adsuara.

Cuentas pendientes

Los firmantes del estudio sostienen que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no es suficiente para proteger la información de los usuarios. Que es necesario reforzar las políticas si se desea garantizar el anonimato. Esto es algo que, al menos por el momento, no ha calado entre muchos gobiernos. Precisamente, la Comisión Europea anunció la semana pasada que solicitará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se multe a España por no aplicar las normas de protección de datos personales, que, en teoría, deberían haber entrado en vigor en mayo del año 2018.

«España se caracteriza por no adoptar las directivas en su momento. Estaría bien calcualar cuanto nos cuesta a los españoles esto», lamenta Adsuara. En caso de que el TJUE termine sancionando a España, la multa podría ascender a 21.321 euros diarios, con un mínimo total de 5,29 millones de euros, que es lo que ha solicitado la Comisión.

 

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Isabel, la aplicación española que permitió la primera videoconferencia múltiple hace 25 años.

A principios de la década de los 90, un grupo de ingenieros españoles de la Universidad Politécnica de Madrid(UPM) desarrolló Isabel, una aplicación pionera que permitió la primera videoconferencia colaborativa que conectó a ponentes de Madrid, de Aveiro (Portugal) y de Basilea (Suiza) durante tres días.

Los responsables que estuvieron detrás de esta tecnología fueron investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, dirigidos por el catedrático Juan Quemada, quien explica a Efe que los trabajos para su desarrollo duraron dos años.

Transnacional

La aplicación estuvo lista en 1994 para la segunda «Escuela de verano sobre comunicaciones avanzadas de banda ancha», permitiendo el primer gran evento transnacional de videoconferencia colaborativa entre auditorios: dos de Madrid, dos en Aveiro y uno en Basilea.

Ahora se cumplen 25 años de esa hazaña y para celebrarlo la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la universidad madrileña realiza un acto en el que se conectarán más de 20 sedes en Europa, África y América. Hasta ese momento, las videoconferencias tenían muy mala calidad, apunta Quemada.

Y es que, hasta 1994 estas estaban basadas en líneas ISDN, las antiguas líneas de datos que empezaban a desplegarse en ese momento y que, si bien permitían la conexión de punto a punto y la integración de voz y datos en la misma línea, no eran suficientes.

«Nosotros fuimos capaces de desarrollar una aplicación para celebrar videoconferencias utilizando banda ancha, con una calidad impensable para ese momento, lo que permitía hacer eventos uniendo hasta 20 sitios distintos», señala el ingeniero de la UPM.

Multimedia

La aplicación consiguió, además, que las videoconferencias fueran más allá del vídeo y el audio, convirtiéndose en multimedia: se logró el intercambio de archivos, transparencias, música o de presentaciones. Isabel era entonces la única aplicación de videoconferencia de calidad, capaz de utilizar multidifusión y de soportar la conexión de terminales con diferentes calidades de servicio, asegura Quemada.

Después de su pistoletazo de salida hace 25 años en la «Escuela de verano sobre comunicaciones avanzadas de banda ancha», Isabel fue utilizada en diversos eventos por todo el mundo: conferencias celebradas en Milán, Viena, Ottawa o Hamburgo para unir a decenas de participantes. Además, en 1996 el proyecto europeo TECODIS incorporó a esta aplicación el servicio de teletrabajo para reuniones profesionales y, poco después, la «teleclase» para las aulas, detalla la UPM en una nota.

Después de permitir durante dos décadas la creación de servicios y actividades distribuidas, Isabel no ha sobrevivido a la aparición de la nube como paradigma del despliegue de servicios en internet.

La nube

Isabel para desplegarse, relata a Efe Quemada, necesitaba de la instalación de un software en los ordenadores, así que duró hasta 2010, cuando la nube invadió todo lo que se hace por internet. Sin embargo, según explica el experto, Isabel no murió, sino que evolucionó y eso fue en 2013 dentro del proyecto Lynckia/Licode.

Quemada destaca que se utilizó el concepto que estaba detrás de esas grandes videoconferencias para transformar su software en un software libre más parecido a las prestaciones de la nube, y que hoy usan empresas de distintos países, además de universidades para impartir clases.

Para celebrar el aniversario este martes, la universidad usará una solución de videoconferencias desarrollada por Mashme.io, una «spin-off» de la UPM, la cual ya se utiliza en más de 70 países.

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¿Qué móviles en España, soportan la nueva red 5g?

Primera piedra para las nuevas redes móviles de quinta generación. Las llamadas 5G que, además de traer un notable incremento en la velocidad de los datos, ofrecerá una menor latencia, el tiempo de respuesta. Pero habrá numerosos servicios que se podrán beneficiar. También, como es obvio, los teléfonos móviles inteligentes, aunque por el momento no todos se podrán beneficar de la nueva tecnología.

Los teléfonos que comercializará son de la marca Samsung, LG y Xiaomi, no así Huawei, que, sin embargo, sí estará como proveedor, al igual que Samsung. Los españoles, en esta primera fase, podrán optar a solo tres terminales que soportan estas nuevas redes. Las compañías de telecomunicaciones irán desvelando poco a poco sus planes y tarifas, pero todo apunta a que se irán incrementado paulatinamente.

Una versión remozada del Galaxy S10

Los tres modelos son de la marca Samsung (Samsung Galaxy S10), una versión adaptada a 5G del buque insignia de la firma surcoreana que, en el resto de características, sigue siendo el mismo dispositivo a nivel estético, aunque con ciertas mejoras. Por ejemplo, el dispositivo viene con una memoria RAM. En el resto de especificaciones es muy similar, con cámaras de 12 megapíxeles, almacenamiento con versiones de 512 GB, pantallas de 6.7 pulgadas.

También la cámara es ligeramente diferente a la original dado que incorpora un lector de profundidad 3D diseñado para gestionar mejor la profundidad de las imágenes y, por ende, mejor adaptado a la tecnología de realidad aumentada. Así, en total son cuatro los sensores que incorpora. Está disponible por unos 1.080 euros y, según los planes con Vodafone, la primera compañía de telecomunicaciones en lanzar las redes 5G, es posible financiarlo a treinta y seis meses en cuotas de 29,99 euros al mes.

LG V50 ThinQ

También soporta en esta primera fase el 5G el LG V50 ThingQ, otro de los modelos más actuales de la firma surcoreana. Es un terminal original y distinto que incluye dos pantallas plegables que ofrece un buen rendimiento. Incorpora el último y más poderoso procesador de Qualcomm, el Snapdragon 855, que además de disponer de ocho núcleos e Inteligencia Artificial gracias a una NPU, o Unidad de Procesamiento Neuronal.

Su pantalla es de 6.4 pulgadas QHD+ OLED Full Vision en formato 19:6 y una resolución de 3.120 x 1.440 pulgadas (564 píxeles por pulgada). Sus dimensiones son de 159,2 x 76,1 x 8,3 mm y su peso de 183 gramos. Se trata, pues, de un teléfono muy fino, estilizado y elegante, que encaja perfectamente en la mano. Para conseguirlo es necesario contratar la tarifa que se queda en 24,99 euros mensuales en 36 meses.

Una adaptación del Xiaomi Mi Mix 3

El tercero en discordia -irán viniendo más- es el Xiaomi Mi Mix3, un potente dispositivo de pantalla de 6.39 pulgadas y resolución 2.340 x 1.080 píxeles que destaca especialmente por no tener ningún elemento en la cara frontal. La cámara frontal, de hecho, se oculta en una bandeja deslizable.

A nivel técnico, estamos ante una bestia con el chip Snapdragon 855 y 6 GB de memoria RAM. La cámara trasera, más pulida que otras versiones, incluye una doble lente de 12 megapíxeles cada una. Su precio es de 599 euros libre, aunque en la teleoperadora roja se puede conseugir por 19,99 euros al mes en 36 meses.

Se incluye un terminal de esta marca no así de Huawei, cuyos terminales no han sido certificados aún y que se incluirán una vez que no existan dudas sobre los mismos

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