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El ingenioso invento de una «startup» para no tener que aprender idiomas

¿Harto de viajar al extranjero y tener problemas de comunicación por no dominar un idioma? ¿Harto de ver cómo el traductor del móvil se queda mudo porque activar el roaming en determinados países puede ser una ruina? Una empresa española, Vasco Electronics, ha encontrado una solución, en forma de pequeño y potente dispositivo, capaz de entender y traducir al instante, y de viva voz, hasta 50 idiomas diferentes.

Su nombre es Vasco Mini 2, pesa solo 68 g y sus dimensiones son 4,3 x 11,28 x 1,2 cm. Es decir, que se puede llevar cómodamente en el bolsillo. Cabe destacar que, con más de diez años de experiencia, Vasco Electronics se ha convertido en la mayor empresa del mundo en el segmento de los traductores y los diccionarios electrónicos.

Vasco Mini 2 cuenta con una pequeña pantalla táctil de 2 pulgadas que permite controlar todas las funciones, una memoria interna de 8 GB y una batería de 1.200 miliamperios. Pero lo realmente destacable es que el dispositivo puede funcionar con rapidez y solvencia en un gran número de paises del mundo. La empresa, en efecto, dispone de servidores en los cinco continentes, y una SIM internacional incorporada al dispositivo, gratuita de por vida y que no requiere suscripción o contrato de ningún tipo, permite conectarse a esos servidores (tanto por Wifi como por GSM) en el momento en que lo necesitemos y sin ningún gasto de roaming. La empresa garantiza que el Vasco Mini 2 funciona sin problemas en 150 países diferentes.

El catálogo de idiomas, actualizado y mejorado continuamente, incluye ya 50 lenguas diferentes, entre las que se incluyen el catalán, el euskera y el gallego y una especial atención a las lenguas asiáticas. El dispositivo cuenta con cinco motores de traducción diferentes, lo que permite una precisión de hasta el 96% en las traducciones.

El manejo es realmente sencillo. El traductor incorpora dos micrófonos direccionales y un altavoz con cancelación de ruidos. Para usarlo bastará con seleccionar de una lista los idiomas de entrada y salida, pulsar el botón de escucha y hablar. De inmediato, nuestras frases se escucharán en el idioma seleccionado. El dispositivo, que cuenta con dos años de garantía, cuesta 259 euros.

Esta será la aportación de las redes 5G a la industria

Más allá de la velocidad y la latencia, las redes móviles de quinta generación, las redes 5G, van a aportar mucho más de lo que se cree: representan una gran ocasión para dar la vuelta al completo al mundo industrial en años venideros. Sus grandes oportunidades pasan por lograr una mayor eficiencia y productividad en el trabajo del futuro. Un desafío al alcance de todos los negocios aunque con importantes matices: en 2019 se ha dado el pistoletazo de salida pero quedan grandes desafíos pendientes que rebajan la euforia inicial.

Las principales operadoras nacionales han empezado a desplegar las nuevas conexiones. Vodafone ha sido la primera en activarlas. En cuestión de meses, la mayoría habrán dado el salto a esta infraestructura orientada a conectar todo tipo de aparatos electrónicos. Se abre una nueva era para la economía. Para sacarle provecho será necesario hacer numerosos ajustes, adaptar nuevas tecnologías en el negocio, cambiar los procesos industriales… Y, por supuesto, desbloquear algunas frecuencias en las que que por ahora viajan los canales de la TDT. La banda de 700 megahercios (MHz) está todavía en el aire. El proceso de licitación por parte del Gobierno, conocido como segundo dividendo digital, dará comienzo el próximo año. Debe de ser antes de verano para atender a las exigencias de la Comisión Europea (CE). Y, con ello, se ha retrasado la inversión de innumerables proyectos empresariales.

En este año se ha puesto la primera piedra, pero todo apunta a que va a tener un gran recorrido: se estima que para 2025 esta tecnología representará el 15% de las conexiones móviles mundiales. Al margen de minucias técnicas, la industria en su conjunto se va a poder beneficiar de esta base tecnológica. Son muchas las oportunidades para transformar digitalmente la manera de fabricar bienes o prestar servicios. De primeras, creen los expertos consultados, va a suponer el final de las conexiones por cable y tener un mayor control de la producción.

Las empresas de telecomunicaciones han empezado a invertir alrededor de 160 mil millones de dólares cada año en la expansión y actualización de sus redes, recoge un informe de la GSMA, organización mundial de operadores móviles. El 5G contribuirá con unos 2,2 billones de dólares a la economía global en los próximos 15 años, con sectores clave como la industria, los servicios públicos, profesionales y financieros, que serán los más beneficiados por esta tecnología aún emergente que ha sido foco de conflicto entre las potencias estadounidense y china. Una lucha por el control tecnológico total en la que Europa se ha quedado rezagada. Para dentro de cuatro años se calcula que haya 1.500 millones de suscriptores.

De aquí a unos años, vaticinan los expertos, se habrán producido grandes avances al respecto introduciendo en las empresas sistemas más avanzados de robotización, más eficiencia en el procesamiento de los datos, la aparición del trabajo en remoto o el desarrollo del vehículo autónomo, ahorrando costes en desplazamientos. La era del 5G va a crear diferentes conexiones con diferentes características dependiendo de la demanda del dispositivo, permitiendo así, que cientos de máquinas se puedan conectar a internet de forma inalámbrica. Otro problema a resolver es la latencia, es decir, la velocidad de la respuesta de la conexión. En 4G no es lo suficientemente rápida como para soportar, por ejemplo, el coche autónomo con total seguridad. Para Luis Abad, director general de la consultora Altran, esta tecnología permitirá a la industria «desacoplar computación que se hacía de forma local en los objetos y máquinas de la misma y llevar la computación al extremo de la red».

«Tiene unos beneficios tremendos, pues permitirá, por ejemplo, que utilicemos gafas de realidad aumentada y de realidad virtual de bajo coste con prestaciones de gafas de alta gama. También permitirá que conduzcamos coches con prestaciones de info-entretenimiento y de seguridad similares a los de una marca Premium con el coste de uno de gama media» apunta. Asimismo, la interconexión de miles de objetos en tiempo casi real extenderá la gestión remota, automatizada o semiautomatizada de delicados procesos productivos y asistenciales.

Obstáculos

Los expertos creen que es necesario impulsar la adopción de estándares, identificar casos de uso, experimentar con las tecnologías y, sobre todo, desarrollar nuevos ecosistemas. Aunque España va en estos momentos en la locomotora; un informe del Observatorio Europeo de 5G lo sitúa como el país europeo donde hay en marcha más cantidad de proyectos piloto.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Enrique Porta, socio responsable de consumo de la consultora KPMG en España, es tajante: «Las empresas todavía no han alcanzado todo el potencial de la IA en la personalización de los servicios, en parte porque no hay inmediatez en la respuesta que dan a sus clientes. Estos procesos todavía necesitan tiempo de ejecución pero con el desarrollo del 5G, el internet de las cosas y otras soluciones tecnológicas que aporten velocidad al análisis de la información en tiempo real, las empresas serán capaces de mejorar su propuesta de valor».

El impacto en la economía va a ser asombroso. «Es preciso generar una nueva economía para paliar los puestos de trabajo que 5G destruirá, con una plan de formación que permita recolocar a todos los sectores afectados. En el pasado ya se han producido situaciones similares, y tenemos que estar preparados para que 5G suponga un gran impulso en España, y no vuelva a ser un tren que hemos perdido como país», añade Arturo Azcorra, director de IMDEA Networks y catedrático de la universidad Carlos III de Madrid.

A su juicio, los mayores obstáculos son la «desconfianza» a la tecnología, los bulos «indicando falsos efectos negativos para la salud», la ausencia de regulación en los sectores de aplicación de 5G como el coche autónomo, la sanidad personalizada o drones que impida su despegue o «la falta de visión de los sectores verticales para entender la amenaza y la oportunidad que supone en su negocio». Otros obstáculos son la lentitud para licenciar suficiente espectro y las dificultades para encontrar ubicaciones para la instalación de estaciones base adicionales.

 

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El Gobierno puede a partir de ahora cerrar tu web si afecta al orden público

Intervenir internet por orden público. Combatir el desafío secesionista en Cataluña. Acelerar los tiempos pero sin petición judicial. Desde este miércoles entra en vigor un Real Decreto aprobado por el Gobierno socialista en que acuerda la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales. Una especie de aplicación del artículo 155 pero en el mundo virtual.

El «decretazo digital», publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), técnicamente el Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre ( PDF), adopta «medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones». El decreto modifica varias leyes, entre ellas la General de Telecomunicaciones de 2014, aunque falta tramitarlo como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.

Se trata de una decisión unilateral aunque con «carácter excepcional y transitorio», que ha desembocado en un torrente de críticas por parte de asociaciones de defensa de internet Los escenarios que contemplan para cerrar, entre otras cosas, páginas web sin petición judicial, son varios, como la posibilidad de que afecten al orden público y la seguridad nacional. Se adopta con carácter de urgencia. Sin orden judicial, bajo este nuevo criterio se podría cerrar la web de Tsunàmic Democrátic, web detrás de la organización de las protestas recientes en Cataluña.

El texto pone de relieve los acontecimientos acaecidos en Cataluña a costa de las violentas protestas de grupos de independentistas radicales. «Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación. Tales hechos demandan una respuesta inmediata para evitar que se reproduzcan sucesos de esta índole estableciendo un marco preventivo a tal fin, cuyo objetivo último sea proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos», recoge el texto.

Con el nuevo texto, el Gobierno añade un nuevo apartado en el que se asume una « gestión directa» o «de intervención» en los supuestos que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y nacional. Esta herramienta se puede invocar a iniciativa del Gobierno o a instancias de una administración pública competente; en este último caso será preciso que esta administración, por ejemplo, tenga competencias en materia de seguridad.

«Hay otros mecanismos jurídicos que no pasan necesariamente por esta medida»

Expertos en derecho digital han criticado la medida. «Hay otros mecanismos jurídicos que no pasan necesariamente por esta medida», explica a ABC David Maeztu, experto en esta materia, quien considera que «a priori es innecesario», aunque «estamos en una deriva en donde se esta dando más poder al Ejecutivo» para intervenir en las comunicaciones digitales. «No son descabelladas las dudas sobre la constitucionalidad del precepto. En caso de duda hay que ser garantista de los derechos fundamentales, y no cuesta nada ir al juez, quien decide una de las medidas cautelares», añade por su parte Borja Adsuara, experto en derecho digital y exdirector general de Red.es.

«El tema mas polémico es que, aunque se hace una distinción entre comunicaciones electrónicas y páginas webs, si se está pensando en el Tsunamic Democràtic tengo dudas que eso se pueda hacer por un gobierno sin recurrir a los tribunales», añade. «Cuando se habla de redes no se habla de contenidos como aplicaciones o páginas webs sino de la infraestructura de telecomunicaciones», apunta este experto en relación al proyecto del Gobierno catalán de crear una «República Digital Independiente».

Por su parte, Samuel Parra, jurista experto en derecho digital, recuerda en conversación telefónica con este diario que en caso de que se pretenda regular materias que afecten a los derechos fundamentales de los ciudadanos, aglo recogido en la Constitución, debe hacerse a través de una Ley Orgánica, que requiere de las dos terceras partes de la Cámara. A su juicio, «no se ha respetado la reserva de ley orgánica, es decir, la legalidad». Algo que considera que «es muy peligroso porque en cualquier sociedad democrática y libre el Gobierno no puede adoptar decisiones unilaterales que afecten a los derechos civiles de los ciudadanos», añade.

El Real Decreto-ley recoge también el proceso sancionador, que podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Economía y Empresa, mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos: la amenaza inmediata y grave para el orden público, seguridad pública o nacional o cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud pública. Más crítica se muestra, en cambio, Ofelia Tejerina, presidenta de la asocicación Internautas, quien califica este decreto de «genérico» y «una barbaridad». A su juicio, es una «burrada» desde el punto de vista técnico-jurídico al ser «incompatible» con la Constitución.

Este «decretazo digital» contempla, además, otro apartado que pretende reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones, mientras que en lo relativo a las medidas en materia de identificación electrónica y ubicación de determinadas bases de datos, se establece, por ley y de mandera obligatoria, dónde deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. «Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la UE», recoge el texto.

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El INE pagará medio millón a las operadores por rastrear el móvil de los españoles

En la era de la privacidad, cualquier movimiento enfocado a recopilar datos personales suscita una gran inquietud entre los ciudadanos. El seguimiento y vigilancia de las personas preocupa, y buena parte de la culpa lo tiene la falta de claridad de las empresas a la hora de explicar cómo manejan la información que recopilan. Precisamente, ese es el problema que han encontrado juristas y expertos ante la noticia, avanzada por «El País», de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) va a poder rastrear los móviles de todos los españoles durante ocho días, del 18 al 21 de noviembre; el 24 de noviembre; el 25 de diciembre; y el 20 de julio y 15 de agosto. El organismo afirma que ha acordado la cesión de los datos anónimos de los usuarios, de forma que no se expresa a quién pertenecen en concreto, con las tres principales operadoras nacionales (Movistar, Orange y Vodafone) a cambio de un contrato de 498.000 euros, según ha podido saber ABC.

El objetivo es realizar un estudio acerca de los hábitos que tiene la sociedad a la hora de desplazarse. El seguimiento se hará sin obtener el consentimiento expreso de ningún ciudadano. El INE no ha aclarado el procedimiento que se va a seguir para que los datos no se puedan volver asociar con el usuario al que pertenecen. Esta es solo una de las dudas que plantean los expertos consultados por ABC.

Falta de claridad

Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, se muestra muy preocupada por esta iniciativa. «Si los datos no están bien anonimizados» y «si existe la más mínima posibilidad de asociarlos con los usuarios» la responsabilidad «es tremenda» para el INE. «El grave problema de todo esto es que no sabemos lo que van a hacer con los datos asociados», añade.

Para llevar a cabo este estudio, se dividirá el territorio nacional en 3.200 celdas, cada una compuesta por 5.000 residentes. Las operadoras proporcionarán al organismo información sobre el lugar en el que se encuentra cada teléfono en varios momentos del día. Esto se hará, según el Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo a la ley. Pero si los internautas tienen dudas, juristas consultados por ABC también muestran reticencias al respecto. Les preocupa, especialmente que la recogida de los datos además de realizarse con fines documentales, tenga también un destino comercial.

«Tengo dudas acerca de cómo se va a proceder a la anonimización de los datos para que no puedan ser reasociados con los usuarios a los que pertenecen, porque en ningún momento se ha explicado. En caso de que el procedimiento sea correcto, como se espera, me gustaría también saber cuál es la base legal para ello», explica a este periódico el abogado Sergio De Juan-Creix. El jurista lamenta, a su vez, la falta de claridad por parte del INE a la hora de informar sobre el objetivo de la iniciativa: «No se ha informado como se debe, y al final uno duda sobre si esto tiene como finalidad un bien común o comercial».

Comercializar los datos

Y es que el hecho de que el instituto haya pagado casi 500.00 euros a las operadoras hace levantar sospechas sobre que se esté comerciando con los datos. «La iniciativa tiene claramente una finalidad comercial. El INE ha pagado dinero a las operadoras por el tratamiento de la información. Una cantidad que no creo que cubra los costes de la operación. Me parece mucho dinero. Parece que se está negociando con los datos de los usuarios», expresa el abogado David Maeztu.

El jurista especializado en protección de datos, Borja Adsuara, se muestra más confiado: «Mientras la recopilación de los datos sea para fines estadísiticos y no comerciales no pasaría nada. Lo que sí ha faltado es más transparencia por parte del INE. Que se hubiese explicado bien cómo se van a utilizar los datos y cuál es el procedimiento que se va a seguir para garantizar que los información disasociada no lleve al usuario» .

 

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El anonimato podría ser ya un concepto del pasado

Da igual lo que haga. No importa si borra todas sus cuentas, sus redes sociales y sus apps. Si deja guardado su flamante smartphone en la mesilla de noche y lo sustituye por ese viejo móvil que lleva más de quince años echando polvo encima de una estantería. Si llega a la conclusión de que su información vale más que cualquier comodidad que ofrezca un dispositivo inteligente. No importa. Porque, cuando compra un coche, contrata un póliza de seguros o firma una petición en internet, está entregando sus datos. Y siempre se le podrá rastrear.

Así lo ha demostrado un equipo de investigadores de la Universidad Católica de Lovaina y de la Imperial College London, que afirma que, aunque de que los datos de un usuario estén anonimizados (incompletos), no resulta difícil dar con la persona a la que pertenecen. Los especialistas sostienen en un estudio publicado en « Nature», que han conseguido estimar la probabilidad de encontrar a alguien que aparezca en una base de datos anonimizada. Para ello, han desarrollado un algoritmo.

«Si bien puede haber muchas personas de treinta años, hombres y que viven en la ciudad de Nueva York, muchos menos nacieron el 5 de enero, conducen un deportivo rojo y viven con dos niñas y un perro », afirma el autor principal del estudio, el doctor Luc Rocher de la Universidad de Lovaina, sobre lo sencillo que puede resultar localizar a una persona si se sabe seguir el rastro de sus datos. De este modo, en el estudio figura como, empleando exclusivamente 15 variables demográficas, el algoritmo sería capaz de identificar al 99,98% de los habitantes del estados de Massachusetts .

El mejor dato, el que no se da

Estos resultados ponen en relieve que la anonimización no garantiza la seguridad de los datos de una persona. Pero esta no es la primera vez que su utilidad se pone en tela de juicio. Paloma Llaneza, abogada digital y autora de « Datanomics» (Deusto), dice a ABC que «la anonimización está considerada como una de las grandes medidas a la hora de trabajar con datos personales. El problema es que ahora es posible hacer cálculos que no se consideraban posibles hace algún tiempo. El estudio demuestra algo que ya nos temíamos».

La letrada afirma, a su vez, que es difícil encontrar una solución a un problema tan complejo como el que se muestra en el estudio. Explica que «el mejor dato es el dato que no se da», aunque reconoce que hay algunos que son muy difíciles de ocultar, por lo que se debe empezar a valorar cuáles son imprescindibles y cuáles no. Aunque, a pesar de ello, en la protección de la información, como en cualquier cosa en la vida, no existe la seguridad plena.

Siempre existe la posibilidad de que alguien pueda acceder a tus datos, por ejemplo, mediante el uso de un malware (virus informático). «Nunca estás completamente a salvo. Si un hacker puede entrar en la NSA y en los smartphone de las famosas para robarles sus fotos, también es posible que llegue a personas mediante el uso de datos anonimizados. Se trata, evidentemente, de un delito, que pueden ser dos en caso de que se exponga la información y se comercie con ella», explica a este diario el jurista digital Borja Adsuara.

Cuentas pendientes

Los firmantes del estudio sostienen que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no es suficiente para proteger la información de los usuarios. Que es necesario reforzar las políticas si se desea garantizar el anonimato. Esto es algo que, al menos por el momento, no ha calado entre muchos gobiernos. Precisamente, la Comisión Europea anunció la semana pasada que solicitará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se multe a España por no aplicar las normas de protección de datos personales, que, en teoría, deberían haber entrado en vigor en mayo del año 2018.

«España se caracteriza por no adoptar las directivas en su momento. Estaría bien calcualar cuanto nos cuesta a los españoles esto», lamenta Adsuara. En caso de que el TJUE termine sancionando a España, la multa podría ascender a 21.321 euros diarios, con un mínimo total de 5,29 millones de euros, que es lo que ha solicitado la Comisión.

 

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