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BirdWatch, la herramienta de Twitter para combatir la desinformación

Las redes sociales permiten al usuario estar a un «clic» de distancia de cualquiera. Sin embargo, el enorme torrente de publicaciones que fluye dentro de estas herramientas también es capaz de causar problemas; como el de la desinformación, con la que plataformas como Facebook o Twitter llevan lidiando desde hace años. Precisamente, la aplicación del pájaro azul acaba de poner en marcha en Estados Unidos una nueva función que busca combatir las «fake news» que se vierten en su interior. Y, para ello, quiere contar con la colaboración de los internautas corrientes. Su nombre es Birdwatch.

«Birdwatch permite a las personas identificar información en tuits que creen que es engañosa y escribir notas que brindan un contexto informativo. Creemos que este enfoque tiene el potencial de responder rápidamente cuando se difunde información engañosa, agregando un contexto en el que las personas confían y encuentran valioso», explica en un comunicado Keith Coleman, vicepresidente de producto de la red social.

Aunque el servicio, por el momento, solo está disponible en fase pruebas en un sitio aparte de la red social, y al que solo pueden acceder los usuarios de Estados Unidos, desde Twitter se espera que esté disponible próximamente a nivel global: «En este sitio, los participantes de la prueba piloto también pueden calificar la utilidad de las notas agregadas por otros colaboradores». Asimismo, la compañía asegura que ha realizado más de 100 entrevistas con personas de todo el espectro político que utilizan Twitter para hablar sobre la herramienta.

«En particular, las personas valoran que las notas procedan de la comunidad (en lugar de Twitter o una autoridad central) y aprecian que las notas proporcionarán un contexto útil para ayudarles a comprender y evaluar mejor un tuit (en lugar de centrarse en etiquetar el contenido como «verdadero» o «falso»)», expresa Coleman.

 

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Acusación formal de EEUU al gigante Google

Es el mayor desafío jurídico para el gigante tecnológico en décadas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, y otros 11 estados pertenecientes a la Unión, han presentado este martes una demanda contra Alphabet, empresa matriz de Google, por supuestas prácticas monopolísticas en el mercado de las búsquedas, donde cuenta con una cuota de participación del 92% a nivel mundial, y la publicidad.

«Como explica la demanda antimonopolio presentada hoy, (Google) ha mantenido su poder de monopolio a través de prácticas excluyentes que son perjudiciales para la competitividad. Por eso, el Departamento de Justicia ha determinado que es necesaria una respuesta antimonopolio para beneficiar a los consumidores. Si el gobierno no hace cumplir las leyes antimonopolio para permitir la competencia, podríamos perder la próxima ola de innovación. Si eso sucede, es posible que los estadounidenses nunca lleguen a ver el próximo Google», ha expresado en rueda de prensa el fiscal general Jeffrey A. Rosen.

En la demanda, se afirma que Google ha celebrado una serie de acuerdos de exclusión con otras compañías. La finalidad de la tecnológica era colocar su motor de búsqueda general predeterminado en miles de millones de dispositivos móviles (Android y iPhone) y ordenadores en todo el mundo. En muchos casos, prohibiendo la preinstalación de una plataforma de la competencia. Asimismo, el Departamento de Justicia sostiene que la conducta del popular buscador ha perjudicado a los consumidores al reducir la oferta(incluso en dimensiones como la privacidad, la protección de datos y el uso de los datos del consumidor) y la innovación.

Entre la competencia y el negocio

El regulador americano apunta que la tecnológica perjudicó a plataformas rivales para privilegiar sus propios negocios en las búsquedas y la publicidad digital en un intento de situarlos en desventaja para mantener la cuota de poder de su propio motor de búsqueda y, de este modo, vender más anuncios. Algo que, desde la tecnológica, niegan con firmeza. «La demanda de hoy del Departamento de Justicia es profundamente defectuosa. Las personas utilizan Google porque así lo desean, no porque se vean obligadas a hacerlo o porque no puedan encontrar alternativas», señalan en un comunicado remitido a ABC fuentes de Google.

En una línea parecida se mueven las declaraciones del jurista digital Borja Adsuara, que explica a este diario que «nadie duda de la existencia de prácticas monopolísticas». Pero esto no implica que supongan un delito; aunque pueden ir en contra de la competencia: «Muchas veces eres tan bueno que no dejas espacio para que otro juegue. Por eso se inventó el Draft en la NBA y el hándicap en el golf. En este caso lo que nos encontramos es con el interés general de que haya varios operadores y no se dependa exclusivamente de uno. Para ello hay que poner una serie de limites».

El inicio de un proceso largo

Con la llegada de esta demanda, Estados Unidos toma el testigo de la Comisión Europea en materia de investigación sobre las grandes empresas tecnológicas, que en los últimos años ha llegado a sancionar en tres ocasiones a Google.

En el país norteamericano, conservadores como el presidente Donald Trump y liberales como la senadora Elizabeth Warren han sido muy críticos con la concentración de poder de estos gigantes empresariales. A este respecto, llama la atención que los 11 estados que se han unido a la demanda presentada por el Departamente de Justicia sean republicanos: Texas, Arkansas; Florida; Georgia; Indiana; Kentucky; Luisiana; Michigan; Misuri; Montana; y Carolina del Sur.

La demanda puede extenderse durante los próximos años desencadenando, además, un torrente de reclamaciones antimonopolio contra otras tecnológicas. Cabe recordar que empresas como Facebook, Amazon o Apple también están en el punto de mira de la Justicia estadounidense.

 

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Lucha contra la desinformación en Twitter y Facebook

Vuelve el fantasma que asusta a los grupos políticos. Vuelve, a la primera línea, las críticas por la posible existencia de sesgos ideológicos en las plataformas de medios sociales. El detonante ha sido una publicación del medio «The New York Post» en la que se informaban de los supuestos vínculos con Ucrania del candidato demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La noticia, de interés periodístico, no ha circulado de manera masiva por la limitación introducida por Facebook y Twitter. Lo que ha despertado la ira de sus detractores al grito de censura.

Las redes sociales, que han considerado a esta información de «poco fiable», están en el punto de mira en esta próxima cita electoral. Los escándalos de Cambridge Analytica de hace cuatro años y las campañas coordinadas para tratar de influir entre los votantes ha derivado en la adopción de nuevas medidas contra la desinformación. Estos filtros han generado un intenso debate público acerca de si tratar contenidos informativos puede ser considerado censura.

Sin verificación previa

Es, en efecto, una decisión poco habitual de las redes sociales por su carácter marcadamente editorial. bY más, teniendo en cuenta que lo han hecho sin esperar la verificación de hechos de las empresas asociadas de «fact-checkers» con las que tienen acuerdos internacionales como Newtral o Maldita en España.

En el caso de Facebook, la red social por excelencia ha optado por «reducir la distribución» del artículo durante el tiempo en que sus verificadores analizan la historia, mientras que Twitter se ha inclinado en su completa eliminación. ¿Deberían editorializar las compañías tecnológicas? ¿Son acertadas sus decisiones para intentar frenar la lacra de las «fake news»? El polémico artículo se basaba en la recopilación de una serie de correos electrónicos recuperados de un viejo ordenador que, supuestamente, había pertenecido al hijo de Biden. El asunto más espinoso ha sido la revelación de que una copia se entregó al diario por el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, actualmente asesor jurídico de Trump. Este hecho ha considerado poco fiable la información publicada.

Ambas empresas han alegado motivos diferentes para justificar la limitación de alcance de la publicación. Andy Stone, responsable de políticas públicas en Facebook, ha instado en un mensaje en su perfil de Twitter a que los grupos externos de verificación de datos asociados a Facebook corroboren la información. «Mientras tanto, estamos reduciendo su distribución en nuestra plataforma», ha insistido.

Y ha añadido: «Esto forma parte de nuestro proceso estandarizado para reducir la difusión de información errónea. Reducimos temporalmente la distribución pendiente de la revisión del verificador de hechos». Twitter, por su parte, ha asegurado que violaba su política interna contra la publicación de material digital robado al considerar que los contenidos se habrían logrado sin el consentimiento de su supuesto dueño.

Donald Trump, actual presidente y candidato republicano, ha calificado en su perfil de Twitter de «terrible» la decisión de las redes sociales, al tiempo que ha llamado de nuevo a eliminar las protecciones legales de las que disfrutan las grandes plataformas de internet bajo la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996. El objetivo es una reforma que puede modificar estos servicios que han logrado representar un papel predominante en la política y la distribución de contenidos informativos.

En los últimos meses la relación de estas plataformas con la política se ha tensionado. Las empresas propietarias de estos servicios tan populares han orquestado un plan de acción para evitar la desinformación durante las próximas elecciones. Entre las medidas adoptadas, evitar que se cante victoria antes de tiempo o informar sobre el proceso de votación.

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Amazon prohíbe a la policía de EEUU usar el reconocimiento facial

La identificación de rostros es uno de los avances en el campo de la Inteligencia Artificial más interesantes. Como si fuera «Terminator», hoy en día es posible conocer muchos datos personales de un sujeto a partir del análisis de su rostro. Y lo que es más jugoso, en tiempo real. Pero esta tecnología emergente, que está presente incluso en productos de consumo como los teléfonos móviles, no está sujeto a fallos. En pleno debate por la muerte de George Floyd, Amazon ha anunciado que prohíbe el uso del reconocimiento facial a las autoridades policiales de Estados Unidos durante un año.

El gigante del comercio electrónico sigue los pasos de IBM, que recientemente anunció su salida del negocio del reconocimiento facial argumentando fallos técnicos y presencia de sesgos raciales. Esta tecnología ha estado cuestionada en los últimos años después de diversos hallazgos en los que los sistemas empleados llegaban a confundir a personas negras con simios. La gran mayoría de empresas de tecnología cuentan con sus propios desarrollos como Google o Facebook.

Amazon, ahora, da un paso más allá y ha decidido bloquear el acceso a los cuerpos de seguridad estadounidenses a su controvertida herramienta de reconocimiento facial llamada Rekognition. El gigante de internet no especificó cómo forzará la aplicación de la prohibición, aunque es probable que lo haga negándose a ofrecer sus servicios a los cuerpos de Policía y eliminando el apoyo técnico a aquellos que ya dispongan de esta tecnología.

La firma con sede en Seattle (estado de Washington, EE.UU.) ha aprovechado para mandar un recado a las autoridades: reclama una regulación más estricta para que en el futuro se utilice esta tecnología de manera ética. «Esperamos que esta moratoria de un año le brinde al Congreso suficiente tiempo para implementar las reglas apropiadas», explican en un comunicado fuentes de la empresa. Y apuntó que, tras el asesinato de Floyd y la consecuente oleada de protestas a lo largo y ancho del país, «parece que el Congreso está preparado para asumir el desafío» de regular el uso de las técnicas de reconocimiento facial.

Este «parón» durará un año, aunque no ha especificado a partir de qué momento entrará en vigor la prohibición. Tampoco ha trascendido si la medida se extiende más allá de Estados Unidos. Esta medida no implica el abandono de los ensayos y experimentos comerciales de la tecnología facial. Amazon ha insistido en que seguirá vendiendo y proporcionando soporte a organizaciones sin ánimo de lucro como Thorn, el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados y Marinus Analytics para ayudar a rescatar a víctimas de trata de personas y ayudar a que niños desaparecidos se encuentren con sus familias.

El uso de Amazon sobre esta tecnología tuvo que someterse a votación entre sus accionistas el año pasado para decidir si seguía vendiendo a agencias gubernamentales. A principios de 2019, además, una alianza formada por 85 expertos de defensa las libertades civiles envió una carta abierta al fundador de la empresa, Jeff Bezos, implorando a dejar de vender su tecnología de reconocimiento facial a las autoridades. La petición apenas tuvo incidencia. ese mismo año se descubrió que el FBI empleaba el reconocimiento facial para sus labores de investigación.

Esta tecnología está cada vez más cuestionada. Gobiernos y agencias de seguridad de todo el mundo hace años que utilizan las técnicas de reconocimiento facial para labores de identificación de criminales, ayudar en las tareas de búsqueda de menores desaparecidos o prevenir el fraude documental. Sin embargo, grupos en defensa de los derechos civiles han asegurado que esta tecnología invade la privacidad de los ciudadanos de forma excesiva, a la vez que puede perpetuar sesgos contra minorías étnicas.

 

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Dating, el servicio de citas de Facebook pospone su llegada a Europa.

Torpeza, olvido o dejadez. Las empresas que tratan datos, y Facebook es una de las más grandes en este negocio, están obligadas a realizar unos análisis de impacto cuando se lanzan a la conquista de usuarios en Europa. Territorio donde reina unas exigencias garantistas en materia de protección de datos. El gigante de internet planeaba para este viernes, con motivo del Día de los Enamorados, su nueva aplicación: un servicio para ligar llamado Facebook Dating, pero lo ha tenido que posponer por las dudas en la privacidad de sus usuarios.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, organismo regulador que ejerce de sede para Europa, ha asegurado que hubo un problema al no presentar la documentación requerida. El gigante de internet pretendía, de esta manera, lanzar un nuevo servicio independiente de citas al estilo de Tinder. Se trata de una aplicación que se presentó oficialmente en 2018 que, desde entonces, ha llegado a otros mercados como Brasil.

El organismo regulador ha asegurado en un escueto comunicado que realizó incluso un registro de las oficinas de Facebook en Dublín el pasado miércoles para obtener la documentación relativa a Facebook Dating.«Nuestras preocupaciones se agravaron por el hecho de que no se nos proporcionó información el 3 de febrero en relación con la evaluación de impacto», apunta el texto.

Un informe de obligado cumplimiento por parte de las empresas y que está tipificado en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como sanción grave, con lo que estaría sancionado con un 4% de la facturación anual o 20 millones de euros. El gigante de internet ingresó durante 2019 unos 70.697 millones de dólares (65.255 millones de euros).

«Trabajamos cuidadosamente con la privacidad»

Facebook ha confirmado a ABC que el aplazamiento de esta nueva función, aunque ha asegurado que se va a «tomar más tiempo» para asegurarse de que el producto «está preparado para el mercado europeo». «Es realmente importante que tengamos el lanzamiento correcto de Facebook Dating», añaden fuentes de la empresa estadounidense, al tiempo que deja claro un asunto: «Trabajamos cuidadosamente para crear fuertes salvaguardas de privacidad y completar la evaluación de impacto del procesamiento de datos antes del lanzamiento propuesto en Europa».

Los expertos consideran que es necesario pasar ciertos filtros para poder operar en terrotorio comunitario. «Hay una obligación con el RGPD que, cuando una empresa vaya a realizar un tratamiento de datos en los que se puede ver afectado la privacidad de las personas, antes de hacer ese tratamiento, antes de lanzar el servicio, existe una evaluación de impacto, que es obligatorio para Europa», explica en conversación telefónica Samuel Parra, experto en derecho digital. «Aunque sea Facebook, que tiene la sede en Estados Unidos, está obligado a hacerlo y conlleva una sanción económica», añade.